a vueltas con el lenguaje

Cambiar las leyes para que nada cambie

In Interpretación, servicio público, Traducción on noviembre 26, 2014 at 11:46 am

En vez de crear un registro público con traductores e intérpretes debidamente formados y acreditados, extremo que se garantizaría con una prueba de acceso, el ministerio de justicia está impulsando un registro gestionado por empresas adjudicatarias del servicio de TeI, es decir, más de lo mismo. Y por eso, los profesionales de la traducción pedimos al gobierno que retire el proyecto de ley orgánica por estar «en contra de todo el sector profesional y académico de la traducción y la interpretación del país».

El PP, que gobierna con mayoría absolutista, ha rechazado en bloque todas las enmiendas presentadas por el resto de grupos parlamentarios al Proyecto de Ley Orgánica para la transposición de la Directiva 2010/64/UE sobre el derecho a la interpretación y la traducción en los procesos penales, ley orgánica que se integrará en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). A la hora de legislar sobre los modos de garantizar estos derechos fundamentales ante la justicia española, solo se está teniendo en cuenta el criterio del beneficio de los amiguetes, propietarios de grandes empresas. Si la actitud generalizada de las clases hegemónicas es mantenerlo todo como está para seguir beneficiándose, está claro que tampoco se puede esperar de ellas que hagan las cosas con sentido común, o profesional.

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El derecho a entender de qué se me acusa

In Interpretación, servicio público, Traducción on julio 29, 2014 at 10:43 am

No solo las traductoras e intérpretes de los servicios públicos se echan las manos a la cabeza al ver cómo se pretende transponer la Directiva 2010/64/EU al sistema jurídico español. Asociaciones nacionales e internacionales de la abogacía, como Fair Trials International, Red Jurídica Abogados, Rights International Spain o la Asociación Libre de Abogados y Abogadas , junto con comités de expertos y académicos como CCDUTI, han hecho pública una carta dirigida al actual ministro de justicia, Alberto Ruíz Gallardón, en la que realizan una crítica en profundidad de las disposiciones previstas en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima.

En esta nueva ley se integrarán los requisitos europeos respecto al derecho a interpretación y traducción en procesos penales (nuestra famosa Directiva 2010/64/UE) junto con la directiva del derecho a la información en los procesos penales (Directiva 2012/13/UE). Lo más destacable es que, a juicio de estas organizaciones, las dos disposiciones previstas para integrar estas directivas en el ordenamiento jurídico español son insuficientes para garantizar la protección de los derechos que contemplan.

La injusticia de la traducción en justicia y policía

In Interpretación, servicio público, Traducción on julio 10, 2014 at 11:52 am

Si bien nuestros dirigentes se apresuran a aplicar al dedillo todos los recortes y medidas económicas que nos impone Europa, cuando se trata de aplicar directivas de otros ámbitos no resultan tan eficaces y además hacen trampas.

La Directiva 2010/64 de la UE, que viene a regular la intervención de traductores e intérpretes en los procesos judiciales y policiales de las instituciones de los distintos países europeos, debería haberse aplicado a más tardar en octubre de 2013, pero por el momento solo parece estar moviéndose en el ámbito de justicia y solo porque los propios traductores en plantilla y las asociaciones sectoriales lo están moviendo.

Según un comunicado lanzado por APTIJ y la Red Vértice, las primeras declaraciones públicas de representantes del Ministerio de Justicia respecto a la Directiva sobre el derecho a la interpretación y a traducción en los procesos penales hablan de crear un registro en el que puedan entrar las empresas y para el que no sería necesario realizar prueba de acceso alguna. Así se responde a una de las exigencias de la directiva, la de crear registros, pero no a la de que sea un directorio de traductores e intérpretes cualificados e independientes.

Las empresas ya tienen la publicidad, su posición dominante en el mercado y las páginas amarillas para aparecer listadas. El ministerio se confunde de cabo a rabo en sus pretensiones.