No solo las traductoras e intérpretes de los servicios públicos se echan las manos a la cabeza al ver cómo se pretende transponer la Directiva 2010/64/EU al sistema jurídico español. Asociaciones nacionales e internacionales de la abogacía, como Fair Trials International, Red Jurídica Abogados, Rights International Spain o la Asociación Libre de Abogados y Abogadas , junto con comités de expertos y académicos como CCDUTI, han hecho pública una carta dirigida al actual ministro de justicia, Alberto Ruíz Gallardón, en la que realizan una crítica en profundidad de las disposiciones previstas en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima.
En esta nueva ley se integrarán los requisitos europeos respecto al derecho a interpretación y traducción en procesos penales (nuestra famosa Directiva 2010/64/UE) junto con la directiva del derecho a la información en los procesos penales (Directiva 2012/13/UE). Lo más destacable es que, a juicio de estas organizaciones, las dos disposiciones previstas para integrar estas directivas en el ordenamiento jurídico español son insuficientes para garantizar la protección de los derechos que contemplan. Lee el resto de esta entrada »
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